La experiencia vivida por el coronel en retiro de la policía y abogado, Benedicto Jiménez, durante los 30 días que estuvo como presidente del Instituto Nacional Penitenciario del 3 de febrero al 4 de marzo 2007.
La norma constitucional señala textualmente que el sistema penitenciario tiene como objeto la reeducación, rehabilitación e reincorporación del preso a la sociedad.
Pero , cabe la pregunta: ¿ Realmente se puede rehabitar algún preso en la situación actual de abandono en que se encuentran la mayoría de las cárceles en nuestro país?
En las cárceles del país no se rehabilita a nadie . La a mayoría de los centros de reclusión son escuelas del crimen , lugares en donde a los internos se les somete a todo tipo de abusos, donde campea la corrupción y el hacinamiento . Por algo dicen que las cárceles son “depósitos de la miseria humana”.
El INPE como institución es una isla, ente aislado, una institución que sólo da cuenta al ministro de Justicia, no se le concibe como el último eslabón de la cadena del Sistema Judicial y del control social ; cadena que empieza desde la policía, sigue la fiscalía, los jueces, hasta terminar en la cárcel.
Esto hace que las cárceles que administra el INPE reciba el activo y pasivo , lo bueno , malo y feo , de todo el Sistema Judicial .
La pena privativa de la libertad es la parte final o el último eslabón de un conjunto de acciones que se desarrollan e interactúan entre sí.
Todas estas instituciones(Policía, Ministerio Público, Poder Judicial , INPE) , en realidad , son parte de un sistema , pero en los hechos cada uno responde a políticas sectoriales, se desenvuelven con autonomía y de acuerdo a la coyuntura política que vive el país y casi nunca, se les consulta cuando se trata de modificar el Código Penal o el Código de Ejecución Penal .
No se entiende que si se aumentan las penas privativas de la libertad, como antídoto para calmar a la población ante el incremento de la criminalidad, esta medida tiene repercusiones en el sistema penitenciario.
Si los procesos judiciales se dilatan , influye también en la crisis carcelaria del país , porque las cárceles se han convertido en depósitos de miles de procesados. Apenas un 30% tiene condena, el resto, está en situación de procesados .
El hacinamiento es el producto final del sistema actual.
El hacinamiento , no siempre obedece a la falta de infraestructura física .
También obedece a la falta de coordinación que existe entre el Poder Judicial y el INPE para agilizar los procesos judiciales que permita determinar la inocencia o culpabilidad de las personas presas.
Asimismo, es el resultado de que muchos jueces son meros carceleros , se dedican a imponer graves penas , restringiendo los beneficios penitenciarios. Y no ven otras alternativas.
El hecho de que no se den los beneficios adicionales o que se dilaten los beneficios de indulto y conmutación de penas, contraviene los objetivos del sistema establecidos, conforme al artículo 139°, inciso 22 de la Constitución Política del Perú en donde se menciona que deben ser : reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad.
El INPE , como institución , no solo se encarga de guardar a los que transgreden la ley , sino también, conforme a la Constitución Política del Estado , debe cumplir una misión readaptadora: es responsable de que todo interno que ingresa a un establecimiento penitenciario, sea reeducado o inoculado contra el crimen y que cuando salga de prisión, sea un ciudadano recuperado para la convivencia sana en sociedad .
La sociedad y el Estado ha depositado su confianza en esta institución para que devuelva a la sociedad, seres humanos que puedan reinsertarse como buenos ciudadanos, trabajadores y arrepentidos de su crimen.
Pero , en realidad, la institución ha deformado su misión readaptadora , no rehabilita a nadie, no cumple su razón de ser y no existe un plan de tratamiento penitenciario que sea efectivo , bien estructurado y sistemático .
La teoría criminológica demuestra que la población juvenil es la que presenta mayores probabilidades de recuperación social y es una de las primeras responsabilidades de la institución penitenciaria, pero no sucede así, los establecimientos penitenciarios , oficinas de medio libre y penas limitativas de derechos a nivel nacional , en especial, los de provincia, desconocen las normas vigentes respecto a tratamiento penitenciario y acciones relacionadas con la ejecución penal .
Este tipo de oficinas ( de medio libre y penas limitativas de derechos ) se han convertido en simples reductos donde van a parar los funcionarios o trabajadores que han sido sancionados o enviados a las “congeladoras”.
Todas las cárceles que administra el INPE están organizadas para que funcionen con tres áreas principales: administración, tratamiento y seguridad.
De las tres, el área de tratamiento es quizá la más importante porque responde a la razón de ser del régimen penitenciario que es la reeducación, rehabilitación y reinserción del interno a la sociedad.
Pero en realidad , las cárceles del país se han convertido en escuelas del crimen y centros de desapariciones: casi nunca se sabe cuántos internos habitan en las cárceles.
Hasta diciembre 2006, las estadísticas arrojaban 37,545 internos distribuidos en 84 cárceles del país, pero esta cifra es relativa.
Por ejemplo, nadie puede dar con certeza la cantidad exacta de internos en el penal de Lurigancho debido a que es imposible realizar un censo en este penal por el alto nivel de hacinamiento y desgobierno que existe.
Tal vez, en estos momentos , cuando leas estas líneas, ya desapareció un interno en manos de sus propios compañeros o ha sido arrojado a los canales o subterráneos del penal de Lurigancho .
La Dirección General de Tratamiento depende directamente del presidente del INPE y tiene como misión principal, formular y proponer la normatividad relacionada con el tratamiento para la resocialización del interno, liberado y sentenciado a penas limitativas de derechos, así como ejecutar las acciones de coordinación y supervisión para la correcta aplicación del tratamiento penitenciario.
Además, proponer la política relativa al tratamiento penitenciario, supervisar y evaluar las normas y acciones de tratamiento, normar , supervisar y evaluar las acciones de tratamiento de semilibertad, liberación condicional, prestación de servicios a la comunidad y limitación de días libres, asesorar en las actividades o reuniones con entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales para establecer convenios y/o acciones que optimicen y perfeccionen el tratamiento penitenciario y emitir opiniones sobre los requerimientos técnicos en el ámbito del tratamiento penitenciario respecto a la infraestructura penitenciaria .
También se encarga de desarrollar actividades de asistencia social, legal, psicológica , religiosa , trabajo y educación ; todo ello , dirigido hacia la reeducación, rehabilitación e reinserción del interno a la sociedad.
El trabajo para el interno debe ser considerado un derecho y un deber. Así se menciona en el Código de Ejecución Penal, y debe realizarse en condiciones similares al trabajo en libertad, pero eso es lírico, existe en el código , pero en los hechos es diferente ..
También se dice que el interno debe trabajar de acuerdo a una especialidad, que pudo haberla adquirido antes de ingresar al penal o a través de la capacitación para alcanzar un trabajo productivo a través del cual obtiene un ingreso que lo destina a cubrir las necesidades propias y las de su familia.
La idea es que el trabajo no tenga carácter aflictivo ni sea aplicado como medida disciplinaria ni atente contra la dignidad del interno, debe ser uno de los pilares fundamentales del tratamiento y parte esencial del proceso de resocialización.
Nadie puede negar que los internos desarrollan actividades productivas en establecimientos penitenciarios , a nivel nacional , a través de talleres de carpintería, zapatería, tejido a máquina , electrónica, mecánica automotriz, soldadura y forja, sastrería, hidroponía, cerámica, telares , confección de carteras, artesanía, juguetería, serigrafía , talabartería , tejido en yute, cestería , manualidades , entre otros . Y que existen normas y directivas que emite el INPE para regular la planificación, organización, métodos, horarios, medidas preventivas de ingreso y seguridad del trabajo penitenciario.
Pero existe una forma de explotación del trabajo de los internos. Alguien se beneficia con lo que producen o les pagan miserias .
Una de los proyectos que tenía el coronel era promover el trabajo en los internos y brindarles apoyo para las ventas de sus productos a través de la creación de la Dirección de Marketing y Comercialización del INPE, como órgano especializado con la finalidad de dinamizar el sistema de comercialización a través de la generación de proyectos, buscar mercados nacionales e internacionales , organizar el trabajo de los internos, solucionar las serias dificultades que se vienen presentando para que el producto del trabajo de los internos se traduzca en ingresos monetarios que servirían eventualmente para cubrir la canasta básica de sus familias y los gastos que requiere el interno dentro del establecimiento penitenciario.
En resumen, esta oficina debía organizar , dirigir, orientar y ejecutar el sistema de comercialización de los diversos productos elaborados por los internos de los establecimientos penitenciarios a nivel nacional y lanzar un puente entre los inversionistas privados y los centros de producción instalados en el interior de los penales para desarrollar los mecanismos técnicos y administrativos necesarios para garantizar la producción de bienes, previamente concertados, para abastecer la demanda de los micro y pequeños empresarios en condiciones de libre mercado.
Pero todo ello quedó en proyecto, el interno sigue siendo explotado, su trabajo comercializado por otros o les pagan una miseria .
Se tenía diseñado que el nuevo organismo, para que tenga autonomía y decisión, debía estar al mismo nivel que las otras direcciones a nivel nacional , estrechamente ligada al trabajo penitenciario y sería parte de la cadena productiva en los penales, encargándose de crear centros de producción a través de la formación de pequeñas y medianas empresas ; con participación de internos, establecer convenios con PROMPYME y otros organismos públicos y/o privados a fin de dinamizar la comercialización de los bienes que se producen en los penales .
Se encargaría de capacitar a los internos a través de convenios con entidades públicas y privadas a fin de organizarlos como productores para mejorar la calidad de vida de los productos que fabrican y brindarles un ordenamiento del marco jurídico de seguridad para dinamizar la inversión privada.
De esta manera se aseguraría una producción sostenida , abasteciendo a los mercados , previamente identificados y concertados, implementando talleres de producción en función de las necesidades del mercado; además de dotarles de los recursos e insumos necesarios, coordinar con el órgano especializado para mejorar la infraestructura adecuada al interior de los penales que permita la fabricación y elaboración de los productos .
A flor de pie se detecta sin mayor esfuerzo, en el área de tratamiento de los internos, el problema que existe para la comercialización de los productos que fabricaban en las cárceles y había indicios de corrupción en el sistema de ventas , tal es así de que a los internos no les daban realmente el justiprecio por las ventas del trabajo que producían con la gota del sudor de su frente.
No se puede decir que nunca ha habido intentos para promover el trabajo productivo de los internos y liberados en el sector público y privado, pero nada se ha concretizado hasta la fecha.
Siempre hubo el intento de promover que los bienes y servicios que el INPE consume, sean producidos en los talleres de los establecimientos penitenciarios, incluso existe todo un proyecto de ley sobre el particular y fue presentado el 23 de diciembre 2006 en el Auditorio Porras Barrenechea del Congreso de la República
Se tenía diseñado el primer borrador del Programa de Tratamiento Integral del Delincuente Joven , el mismo que debía ser validado en los meses de febrero y marzo del presente año para su posterior aplicación a nivel nacional y monitoreado por al Sede Central en un establecimiento penitenciario piloto , separar los internos primarios y menores de 21 años del resto de la población penitenciaria, reestructurar las Oficinas de Medio Libre y Penas Limitativas de Derechos de la Dirección Regional de Lima , mejorar el tratamiento penitenciario desde el punto de vista de cambio personal y el trabajo y la educación, efectivizar los convenios con la Facultad de Psicología de la Pontifica Universidad Católica de Lima para que los alumnos de psicología realicen practicas e internado en los establecimientos penitenciarios de Lima y con la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) para desarrollar cursos de capacitación del personal de tratamiento penitenciario, reclasificar la población penitenciaria en los penales hacinados para insertarlos en el Programa “Cárceles Productivas”.
En marzo 2007 debía empezar un plan piloto en Lurigancho con la inauguración del Pabellón-Albergue en el Pabellón 19 , a la par de la creación de la Oficina General de Trabajo y Comercialización para promover la capacitación y comercialización de los productos elaborados por los internos , crear micro empresas de comercialización de los productos elaborados por los internos a través de Oficina Ejecutiva de Trabajo y Comercialización.
La oficina de tratamiento debía opinar en el diseño de los nuevos penales, mejorar el proceso de recuperación de internos jóvenes y proseguir con el programa New Proyect , reubicando los talleres en los centros penitenciarios, cumpliendo una agenda y promoviendo la comercialización de los productos que fabrican los internos.
Pero, había demasiados planes, buena voluntad por parte de algunos funcionarios, pero faltaba el impulso, la pasión en la tarea que debía inyectar la alta dirección, empezando por el presidente del INPE.
Mientras tanto, aún el diagnóstico arrojaba en el área de tratamiento los siguientes problemas : baja eficiencia en la ejecución de penas limitativas de derechos y medios libre, hace falta aula-talleres y talleres de trabajo diseñados fuera de los pabellones para el área educativa, ambientes adecuados para el trabajo asistencial de los profesionales de tratamiento, no existe infraestructura adecuada para realizar el tratamiento penitenciario en el Medio Libre, insuficiente cantidad de profesionales que no permite el efectivo desarrollo de programas terapéuticos con resultados favorables, falta capacitación del personal impide la implementación de nuevas técnicas de tratamiento penitenciario, existen trabajos ad honorem que no son reconocidos para la redención de la pena ( 2x1) como los promotores de salud.
EL ADULTO MAYOR
Esta población constituye una de los sectores más vulnerables.
La situación del adulto mayor (más de 60 años) en los penales es un problema aún no resuelto.
El 70% de los ancianos viven en completo abandono y no son visitados por sus familiares
Si la población penal a nivel nacional es de 37,450( enero 2007, 2,369 son mayores de 50 años .
No se cuenta con estadísticas confiables de internos que tengan más de 60 años de edad .
Los internos considerados adultos mayores, siempre recuerdan que en el año 2005, un presidente del INPE firmó la Resolución Presidencial N° 212 y por primera vez se les permitió organizarse en una asociación , pero se quejaban de que no contaban con medicinas adecuadas para su edad y las enfermedades más comunes de la tercera edad, tal es así que cada año , mueren entre 10 a 15 ancianos.
En el penal de Lurigancho ,131 internos de más de 60 años están organizados en un Programa del Adulto Mayor, pero eso no cambia sus situaciones .
Al igual que los demás presos, viven inmersos en la paupérrima situación de hacinamiento y poco se ha hecho para otorgarles beneficios penitenciarios, derecho de gracia , conmutación de pena o indulto.
Muchos de ellos han sido sentenciados a penas privativas de la libertad entre 12 a 15 años que constituye en realidad “cadena perpetua” o pena de muerte, lapidando cualquier aspiración de salir algún día de prisión.
No se les puede hablar de que la Constitución Política del Perú, artículo 139, inciso 22, el régimen penitenciario tiene por objeto, además de la reeducación y la rehabilitación, la reincorporación a la sociedad, porque no tienen esperanza de salir vivos con la cantidad de años de prisión que les queda para salir en libertad .
Cuando el coronel se reunió en Lurigancho con los delegados de dicha población de internos , este “gremio “ pedía ser excluidos de las leyes tan rigurosas que no les permitían obtener ningún beneficio penitenciario ( la mayoría de los ancianos estaban por delito de violación de menores) , que se tome en cuenta que eran internos primarios , que nunca habían tenido problemas policiales, judiciales ni penales y que la situación económica de la mayoría era insolvente.
Pedían que interceda ante los órganos competentes para que se disponga la detención domiciliaria para inculpados y sentenciados mayores de 60 años , siempre y cuando , cumplan con los requisitos exigidos por el INPE , haciendo extensivo este beneficio para a aquellos que tienen enfermedades graves o terminales.
El Código de Ejecución Penal, Decreto Legislativo 654, en su artículo II, Título Preliminar, menciona que la ejecución penal tienen por objetivo la reeducación, la rehabilitación y la reincorporación del penado a la sociedad, pero en cuanto al adulto mayor, por el corto tiempo de vida que le quedaba, solamente se le debe considerar la reincorporación, no solo a la sociedad, sino también en el seno familiar.
ALIMENTACION Y NUTRICION
El abastecimiento de alimentos en los penales es uno de los grandes problemas que no es fácil de resolver .
Se expresa a través del incumplimiento de los contratos por parte de los proveedores, corrupción en las adquisiciones realizadas al amparo de desvió de alimentos a las tiendas que existen en algunos pabellones, baja calidad , alimentos descompuestos, falta de nutricionistas, etc.
Los nutricionistas son los que más conocen y palpan a diario este problema y saben que es un fenómeno dinámico , influenciado por diversos factores como es la infraestructura, disciplina, seguridad, régimen de vida, hábitos nocivos, uso de drogas, hacinamiento y que la solución no debe buscarse sólo a través de un adecuado control de cantidad, calidad y /o higiene sino que debe partir desde los más altos niveles de decisión , porque se origina en la corrupción .
Asimismo, la recepción y distribución de los alimentos está muy vinculado a la seguridad, enfoque que no se le da importancia, tal es así, que camuflados entre los alimentos que ingresan todos los días, también ingresan drogas, armas u otros objetos.
Este detalle es preocupante.
En el penal de Lurigancho en el almacén general de víveres estaba a cargo de la policía y no existía un sistema de seguridad . Ya había indicios en dicha época de que a través de los alimentos ingresa la droga y las armas.
La Dirección Regional de Lima , dentro del marco de sus funciones, tiene a su cargo la provisión de alimentos para los establecimientos penitenciarios , cuyas cantidades, características y montos se configuran en el Plan Anual de adquisiciones y contrataciones que se aprueban por resolución presidencial cada año en el cual se establecen llevar a cabo procesos de selección mediante licitaciones públicas según un cronograma de adquisiciones de bienes y servicios por componentes.
Para la conducción de los procesos de licitación pública se nombra un comité especial y en el plan anual de adquisiciones, que se aprueba normalmente entre enero –abril de cada año , se designa el comité especial hasta el otorgamiento de la Buena Pro.
Pero casi siempre se evidencia un significativo atraso en el inicio y la culminación del proceso.
Mucho se comenta de que en esta actividad existen mafias poderosas que propician el quiebre de las licitaciones para finalmente , declarar la situación en emergencia y adquirir los alimentos mediante el sistema de adjudicación de menor cuantía , favoreciendo a algunas empresas proveedoras , situación que conlleva el riesgo de que no se garantice la calidad y precios adecuados en las adquisición de alimentos ..
Si es así, se estaría incumpliendo el artículo 3 “Principios que rigen las adquisiciones y contrataciones” del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado , aprobado por D.S. Nro. 12-2001-PCM , el cual señala que los procesos de adquisiciones y contrataciones se rigen por lo principios de moralidad , libre competencia , imparcialidad , eficiencia , transparencia y economía.
Casi todos los exámenes especiales a los procesos de licitaciones públicas para la adquisición de alimentos terminaban recomendado lo siguiente: Impulsar oportunamente las licitaciones públicas para la adquisición de alimentos ciñéndose a lo programado en el plan anual de adquisiciones para realizarse para evitar significativos atrasos en el inicio y la culminación del mencionado proceso , conllevando a que se realicen adquisiciones de alimentos por Adjudicación de Menor Cuantía, previa declaratoria de Situación de Urgencia ocasionando mayores pagos .
SANTA MONICA
El 8 de febrero, un día antes de la inauguración del moderno centro médico de atención para internas de San Mónica , portadoras del Virus VIH, construido con apoyo del Banco Mundial , ingresaba a la oficina de admisión documentaria del Ministerio de Justicia una carta dirigida a la ministra de Justicia de Laura Zavala Chumbiauca , DNI 09797725, donde le ponía en conocimiento que el reciente nombrado Presidente del INPE, Coronel PNP ® Benedicto Nemesio Jiménez Bacca , actualmente cumplía sentencia condenatoria suspendida condicionalmente por un año por una querella por difamación agravada ; además, que era conocido por la opinión pública de sus cercanas vinculaciones con Vladimiro Montesinos , Huamán Azcurra, Martín Rivas, Manuel Aybar Marca , todos personajes nefastos del entorno de Montesinos , aparte de tener un proceso abierto en la Justicia Militar por los delitos de Infidencia, Desobediencia e Insulto al Superior y otros procesos por Difamación Agravada en el 5to., 17 y 31 Juzgado Penal de Lima .
Laura Zavala Chumbiauca, efectivamente, había ganado una querella contra el coronel Jiménez por haber escrito una nota de prensa el 22 de junio 2004 en donde decía que Ketin Vidal la había convertido en su amante , siendo esposa de un oficial de la PNP y le había alquilado un departamento . Todo ello era vox popular en le Dirección Contra el Terrorismo (DINCOTE), donde llegó a trabajar la Suboficial PNP como secretaria de KUTRIN .
Según la carta, la informante acudía a la ministra, conociendo su trayectoria profesional y rectitud en la administración de justicia para que rectifique el nombramiento del coronel como presidente del INPE ya que había sido sorprendida y no había ninguna explicación para tal nombramiento de un ciudadano condenado y de esa catadura moral , justamente como presidente del INPE ,y que el indicado coronel en retiro , también firmó la vergonzosa acta de sujeción ante Vladimiro Montesinos Torres , tal como lo registran los medios de comunicación que se encargaron de la difusión respectiva.
Para mayor ilustración, adjuntaba las copias de las tres resoluciones emitidas por el 17 Juzgado Penal de Lima y una copia fotostática del suscrito, firmando el acta de sujeción.
Esta carta llegó a manos del coronel , días después, a través de una guía del ministerio y pudo comprobar que las “serpientes de larga memoria” se movían rápido y habían lanzado su veneno , conspiraban en la sombra , esperando la oportunidad para dar el golpe final . Era lógico que la mujer no tenía el cerebro suficiente para tramar la intriga: detrás estaba KUTRIN.
Demasiada información y detalles para que pueda conocer esta mujer, como las imágenes del acta de sujeción que firmaron el 99 % de los coroneles de aquel entonces.
El Coronel Jiménez recordaba que ese año ( 1999) estaba como participante en el Instituto Nacional de Altos Estudios Policiales( INAEP) y a todo el curso los llevaron bajo engaños para un almuerzo en La Campiña ( Escuela de Oficiales), luego de que el Director General de la PNP, General de Policía Fernando Dianderas Ottone, los hizo subir a los ómnibuses, los condujeron a las Palmas(Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea) en donde , después de una perorata de varios generales , les hicieron firma un acta quem según de los que habían dicho los generales, respaldaría la continuidad de la lucha contra el terrorismo y el Golpe del 5 de abril, en caso de que sus autores sean procesados.
Años después, los generales fueron enjuiciados y muchos de ellos, públicamente, renegaron de este compromiso.
A ninguno de los coroneles se les procesó porque al final se determinó que habían actuado bajo coacción y sin libertad de decidir u opinar.
El día de la inauguración de la clínica, el presidente del INPE llegó temprano, se entrevistó con la directora del penal y visitaron bajo su guía las instalaciones del nuevo local , así como recibió de de parte de la directora e internas, algunas necesidades urgentes, tales como el arreglo de las dos congeladoras de la cocina que no permitía conservar los alimentos más de un día .
Cuando llegó la ministra y antes que empezará la ceremonia, cruzaron algunas palabras y le comentó sobre la carta de la señora Laura Zavala, haciéndole la aclaración que no tenía ningún vínculo familiar con ella ( las dos se apellidaban Zavala).
- “Tiene usted que decirme las cosas de manera sincera y directa, señora ministra, me he enterado que ha llegado una carta a su despacho de una mujer con quien he tenido una querella”- interpeló el coronel , mirándola a los ojos.
- “Si, coronel, ya llegará a sus manos dicha carta”- respondió.
Menos mal- pensaba el coronel – que le había comentado el mismo día que tuvo la primera cita con la ministra que tenía dos juicios por querellas , una con Ketin Vidal ; el otro, con la mujer a la que mencionó que había sido amante de KUTRIN en el artículo publicado en el diario Correo el 22 de junio de 2004.
Pero de todas maneras, la ministra de Justicia se había incomodado porque en la carta se comentaba sobre un proceso de infidencia (en el Fuero Privativo, también con KUTRIN el coronel tenía un proceso pendiente por haber escrito un libro titulado “Origen, desarrollo y ocaso del terrorismo en el Perú”).
Dicha carta fue el comienzo de toda una campaña que se iba engarzando en las sombras y que sería el motivo de su caída.
Así como el penal de Lurigancho era un “ penal símbolo” para cualquier reforma penitenciaria porque acumulaba todos los males ( hacinamiento, inseguridad, falta de servicios básicos, infraestructura colapsada, corrupción, etc.,), el penal Chorrillos 1 o Santa Mónica, era otro penal simbólico por los innumerables problemas que tenía y si bien no eran de la misma envergadura del penal de Lurigancho, pero cuando ocurría una reyerta, infecciones por alimentos en mal estado, el hacinamiento como viven las internas mujeres, la opinión pública era muy sensible a estos temas por el hecho de eran mujeres y estaban recluidas en un penal de larga tradición y uno de los más antiguos de la capital .
Este penal está hecho para albergar 300 internas, no más, pero la población penal llega a 1,060 internas; de las cuales, 137 son sentenciadas y 923 en condición de procesadas . Habían 149 extranjeras , la mayoría estaban procesadas por tráfico ilícito de drogas .
El hacinamiento arrastra consigo otros males como enfermedades: carencia de servicios higiénicos , falta de orden y disciplina, rápido deterioro de la infraestructura y escasez de personal de seguridad .
Las enfermedades más frecuentes en este penal eran bucodentales, dermatológicas, gastro intestinales, trato urinario y respiratorias.
El centro que se estaba inaugurando había sido construido como parte del proyecto “Fortalecimiento de la Prevención y Control del VIH-Sida y la TBC en el Perú” que estaba ejecutando el INPE en 27 penales, financiado por el Fondo Mundial con la supervisión de CARE-PERU y además de brindar atención en medicina general y diferentes especialidades, las principales beneficiadas iban a ser las internas portadoras del Virus VIH y TBC .
Es de un solo nivel y se construyó en un área de 567.92 m2; 285.29m2 correspondía al antiguo servicio médico que fue demolido para construir otro moderno de mejores condiciones, agregándole 183.47 m2 del terreno baldío adyacente; además, contaba con una zona libre de 99.16 m2 .
La obra se ejecutó en 145 días calendarios y tuvo un costo de 852,106.27 nuevos soles.
El centro hospitalario fue implementado con modernos equipos médicos tales como una unidad dental completa, nebulizadores, microscopios, camillas, medicinas, útiles de escritorio, entre otros valorizados en 156,910.85 nuevos soles.
En ese entonces, habían buenos proyectos y obras que se venían ejecutando para atender la problemática de salud , contando con el apoyo de organismos internacionales como el Banco Mundial.
La Clínica de Santa Mónica es un ejemplo de ello.
El Fondo Mundial estaba desarrollando el Proyecto “ Fortalecimiento de la Prevención y Control del VIH/SIDA Y TBC en el Perú “, en su segunda etapa , con la finalidad de revertir los altos índices de morbilidad y mortalidad que se registran con los riesgos que ello conlleva, rehabilitando 14 Clínicas .
Gracias al apoyo del FM se construyeron 37 Clínicas; en la segunda etapa , se iba a construir 9 clínicas en los penales con mayor prevalencia de enfermedades VIH/SIDA y TBC , dotándolos de equipamiento integral , capacitación al personal de profesionales de salud y medicamentos .
La sobrepoblación en los penales generaba muchos problemas de alta morbilidad en internos que se extendía a los trabajadores.
A nivel nacional , había un déficit de 63 médicos, 34 enfermeros y 179 técnicos de salud. Estadísticamente, había 1 médico para 600 internos y 52 establecimientos penitenciarios carecían de estos profesionales de la salud .
Había carencia de medicamentos y un alto riesgo de contraer por contagio enfermedades infecto contagiosos como la tuberculosis, la tuberculosis multidrogorresistente y el VIH/SIDA .
La posibilidad de contraer VIH/SIDA.- (1999) en los penales era siete veces mayor que en la comunidad ..
En cuanto a la política de atención primaria a la salud (con un fuerte contenido preventivo – promocional) no habían programas de apoyo y una carencia en cuanto a infraestructura en los penales
No se tomaba en cuenta la opinión de la oficina de tratamiento antes de construir los pabellones en cuanto a ventilación, luz , privacidad, agua , bioseguridad.
No se había renovado el Ministerio de Salud , por lo tanto, el INPE no era considerado parte del Sistema Nacional de Salud ; sistema que no incluía a la población privada de libertad dentro de su público objetivo, solo en casos de emergencias, gestante , niños , más no para el total de los internos.
No existía un plan para fortalecer las relaciones y cooperación con organismos nacionales e internacionales como la Cruz Roja Internacional, Médicos Sin Fronteras, Dirección General de Salud , entre otros, así como un convenio para compra intersectorial entre el MIMSA, ESSALUD, FFAA, PNP e INPE.
Existía la necesidad de establecer un diálogo permanente e intercambio de información permanente con las organizaciones internacionales que apoyan el trabajo de salud del INPE (Comité Consultivo en Salud del INPE) y presentar proyectos al Fondo Mundial para la obtención de mayor apoyo.
En síntesis, la problemática de salud en los centros penitenciarios seguía siendo uno de los temas más álgidos , donde poco se había trabajado .
